Negociación con los paramilitares:

¿un campo minado o un camino hacia la paz?

Mauricio Romero - 2004

Pocos temas han generado tanta controversia durante los últimos 15 años como el de los grupos paramilitares y autodefensas, y su efecto en el proceso de paz con las guerrillas. Personas trabajando por la paz han considerado que dichos grupos son el principal problema para que se llegue a un acuerdo negociado. Así pues, las negociaciones entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2006) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el alcance de los beneficios judiciales presentados para que fueran aprobados por el Congreso en 2003 han alarmado a los partidos de oposición, a las organizaciones de derechos humanos, a sectores de la Iglesia Católica, e incluso a miembros de la coalición de Uribe.

Carlos Castaño, el líder más claro de las AUC hasta 2002, definió a su organización como “para-estatal”, refiriéndose al apoyo de los paramilitares al Estado colombiano en su lucha contra la insurgencia. Sin embargo, los principales objetivos de dichos grupos han sido los civiles desarmados acusados de ser “colaboradores de la guerrilla”, “para-subversivos” o “guerrilleros vestidos de civil”. Los grupos paramilitares han asesinado, silenciado u obligado a desplazarse a miles de sindicalistas, activistas o líderes sociales, políticos y de derechos humanos, y también a los habitantes de las regiones con conflictos sociales e influencia guerrillera. Según la Comisión Colombiana de Juristas, estos grupos son responsables de dos tercios de los homicidios y asesinatos selectivos con autor conocido durante la década pasada. La ONU y las organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el proceso. A finales de Agosto del 2003, Michel Früling, Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, advirtió sobre el alcance de los beneficios judiciales planeados y urgió a la observancia de las normas del Derecho Internacional.

Motivaciones para la negociación

¿Qué motiva a Uribe a entablar negociaciones tan riesgosas y criticadas con las AUC? Su campaña electoral enfatizó la necesidad de fortalecer al Estado y el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, era insostenible tener un grupo armado irregular que acumulara poder político y militar y recursos so pretexto de defender y ayudar al Estado. Uribe fue elegido con gran apoyo de electorados regionales con lazos con las AUC como las élites ganaderas y agrarias. Uribe está respondiendo a su pedido de facilitar una salida conveniente para los líderes de las AUC, los poderosos terratenientes regionales, comerciantes y empresarios militares. Finalmente, Uribe está comprometido en derrotar a los grupos insurgentes a través de una combinación de fuerza militar y de política, buscando aislarlos y dejarlos sin apoyo político. La desmovilización de las AUC dejaría a las guerrillas como grupos recalcitrantes que insisten en la lucha armada y el terrorismo.

Los líderes de las AUC vieron el periodo presidencial de Uribe como una oportunidad favorable para la desmovilización. La postura firme de Uribe les dio confianza: ha criticado cualquier negociación que no sea sobre las condiciones de rendimiento de los grupos guerrilleros, y su campaña para incrementar los impuestos para financiar a las Fuerzas Armadas ha reducido el flujo de recursos hacia las arcas de los paramilitares. Como las AUC y sus aliados no están luchando contra el gobierno o pidiendo reformas sociales o políticas, esta combinación de factores persuadió a los principales líderes de las AUC de buscar una negociación ventajosa. Sin embargo, no todos los grupos que constituyen las AUC han aceptado fácilmente un proceso de desmovilización. Cerca de 4.000 hombres armados en el Magdalena Medio, el Departamento de Antioquia, los Llanos Orientales, y el Urabá han exigido negociaciones separadas o no han participado en los diálogos. Las discrepancias entre las unidades incluso han llevado a la confrontación armada.

Progreso en las negociaciones

Poco después de posesionarse como presidente en Agosto del 2002, Uribe esbozó las condiciones para las negociaciones: un cese del fuego, el fin de los asesinatos y secuestros de civiles, y el rompimiento de los lazos con el negocio ilícito de la droga. En respuesta, las AUC anunciaron un “cese del fuego unilateral” el 1 de Diciembre del 2002. No obstante, el gobierno fracasó en crear una comisión o mecanismo para verificar el cumplimiento de las condiciones para la negociación, a pesar del conocimiento público de que varios grupos de las AUC han continuado con actividades relacionadas con la droga o con operaciones contra civiles. Los medios de comunicación, los militares y la policía –que antes habían criticado fuertemente los abusos de las guerrillas durante las negociaciones de paz- han sido particularmente cautelosos para informar o comentar sobre dichas actividades.

Posteriormente, la administración obtuvo la aprobación del Congreso de una nueva ley que le permitía al gobierno comenzar negociaciones con un grupo armado sin otorgarle estatus político. El 23 de Diciembre, Uribe designó a una comisión exploratoria de seis personas para entablar contactos con las AUC y definir las condiciones para las negociaciones. La comisión sólo tiene un representante del gobierno (Carlos Franco, un ex guerrillero desmovilizado a comienzos de los noventa, quien está a cargo del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia). Los otros cinco miembros son ciudadanos particulares, de quienes los críticos dicen que fueron nombrados porque comparten los mismos puntos de vista políticos de Uribe. Representantes de la Iglesia Católica aceptaron facilitar los diálogos. Tras siete meses de negociaciones confidenciales en los campamentos paramilitares en el alto Sinú, al noroeste de Colombia, la comisión emitió un comunicado público el 25 de Junio del 2003. En éste, le recomendaba al gobierno que continuara las negociaciones y que posibilitara “la implementación verificable de un cese del fuego total”, sugiriendo la concentración de fuerzas como un medio de cumplir con esta condición. La comisión también exigió el fin de actividades ilícitas como el “narcotráfico, el robo de gasolina, la extorsión y el secuestro”. Le pidió a la Iglesia Católica que continuara desempeñando su función de facilitadora y testigo de las negociaciones, a la comunidad internacional que apoyara el proceso, y al gobierno que definiera mecanismos judiciales para “allanar el terreno para la paz”. Entonces, el 15 de Julio, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y nueve de los líderes de las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fé de Ralito, en el que las partes aceptaban el comunicado de la comisión y que las fases del proceso de desmovilización comenzaran antes de finales del 2003 y se completaran antes de que se acabara el año 2005. Hacia finales del 2003, el Bloque Central Bolívar y el Bloque Aliado Vencedores de Arauca firmaron un acuerdo similar. El 25 de noviembre 870 paramilitares se desmovilizaron en Medellín y el 7 de Diciembre 155 en Ortega (Cauca).

Preocupaciones sobre el proceso

Los críticos del proceso tienen dos preocupaciones principales: la pertinencia de los beneficios judiciales y la falta de un plan de paz integral que incluya negociaciones con las guerrillas. Las organizaciones de derechos humanos aceptan que cierto grado de impunidad se justifica cuando un proceso de paz incluye a todas las partes y cuando las probabilidades de terminar el enfrentamiento son altas. Señalan que cualquier concesión que se les haga a las AUC debe ser el resultado de un proceso en que se hayan tratado los derechos de las víctimas. También les preocupa que las negociaciones puedan ayudar a los narcotraficantes dentro de las AUC a que sean exculpados por sus delitos y a la legalización de sus propiedades sin ser castigados. Carlos Castaño anunció: “si la alternativa al final del camino es la cárcel, ninguno de los comandantes o miembros de las AUC irán en esa dirección”, y advirtió sobre los efectos de un fracaso de las negociaciones.

En Mayo del 2003, el entonces ministro del interior Fernando Londoño presentó el “plan penal alternativo” del gobierno, el cual tiene como objetivo “facilitar la reconciliación nacional y la indemnización de las víctimas”. Se discutirá en el Congreso durante el segundo semestre del año, pero las reacciones iniciales sugieren que no se aprobará fácilmente. Es probable que las iniciativas del Presidente encuentren dificultades dado el fracaso del referendo promovido por el gobierno el 25 de Octubre y el reciente éxito en las elecciones locales y regionales del Polo Democrático, que había encabezado la oposición al referendo.

Al enfrentar uno de los temas más difíciles del conflicto armado, el presidente Uribe ha demostrado que le gustan los grandes retos. Sin embargo, la negociación podría convertirse en un campo minado; esto crearía las condiciones para nuevos ciclos de venganza e intensificaría la frustración de los colombianos. También puede ser el primer paso en el camino hacia la paz. Para que esto suceda, el presidente Uribe necesita comportarse más como un constructor de paz y de nación que como un guerrero.

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