La clave para la paz está en las reformas políticas y sociales de fondo

Carlos A. Lozano Guillén - 2004

En Noviembre de 2001, cuando estaba en agonía el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana Arango y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda Vélez, el legendario comandante guerrillero, le declaró al periódico VOZ de Colombia, que para darle continuidad y estabilidad a los diálogos de paz era necesario que el Establecimiento determinara qué es lo negociable en el camino de la solución política del conflicto. Me parece que aquí está la clave de la negociación, como lo consignó sin dilaciones el informe de la llamada Comisión de Notables, presentado a la Mesa de Diálogo del Gobierno y las FARC, en Septiembre de 2001.

La Comisión de Personalidades, que la prensa llamó Comisión de Notables, fue designada por acuerdo entre las partes, en la primera Cumbre del presidente Andrés Pastrana Arango y el comandante Manuel Marulanda Vélez de las FARC, lo cual quedó establecido en el Acuerdo de Los Pozos, el 9 de Febrero de 2001. El nombre con la que se designó fue Comisión de Personalidades y se integró con cuatro personas, dos propuestas por el Gobierno y dos por las FARC. De ella hicieron parte el abogado constitucionalista, Vladimiro Naranjo; la directora del diario El Colombiano, Ana Mercedes Gómez Martínez; el médico Alberto Pinzón Sánchez y el director del periódico VOZ, Carlos A. Lozano Guillén. La misión encomendada fue elaborar un informe con recomendaciones de cómo disminuir la intensidad del conflicto armado y propuestas para combatir el paramilitarismo, el cual se entregó en el mes de Septiembre de 2001 y no fue suscrito por Ana Mercedes Gómez, quien alegó diferencias con el resto de los comisionados.

El principal escollo para la paz en Colombia, sin ignorar el efecto negativo de los actos terribles de la guerra, está en que el Establecimiento no ha determinado hasta dónde debe llegar en la negociación con la insurgencia. Su postura en la mesa, por lo regular, está limitada a los temas adjetivos (por ejemplo, procedimientos, metodología y cronogramas), mientras los de fondo, que se refieren a las reformas políticas, económicas y sociales, al fin y al cabo los que resuelven el conflicto, son relegados a un segundo plano.

La historia de los procesos de paz entre el gobierno y las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirma que siempre que se ha llegado al punto de la negociación de los problemas que originaron el conflicto colombiano (causas políticas, económicas, sociales e históricas), llegan las presiones de la “clase dominante” para romperlos, en la mayoría de los casos utilizando como pretexto acciones militares de la guerrilla. Esto se vio durante el gobierno de Betancur, en los procesos de Caracas y Tlaxcala durante el gobierno de César Gaviria, y en el proceso de paz del Caguán.

El Establecimiento colombiano tiene quizás “voluntad de paz”, pero no “voluntad de cambio”, quiere la paz pero sin eliminar las causas que originaron el conflicto, referidas a la inexistencia de la democracia (o al menos a la restricción de las libertades democráticas inherentes a un sistema político bipartidista excluyente) y a la profunda atrofia del tejido social y económico. A lo largo del conflicto colombiano, la clase dominante ha pretendido derrotar militarmente a las guerrillas para imponerles la rendición. Una especie de paz de los sepulcros. El resultado de esfuerzos similares en el pasado fue el mayor escalonamiento del conflicto y el fortalecimiento de la guerrilla.

En este sentido actuó el gobierno de Pastrana cuando rompió los diálogos de paz. El pretexto fue el secuestro del avión y del senador Gechem Turbay, el 20 de Febrero de 2002, pero hay la percepción que, debido a las fuertes presiones sobre el entonces mandatario de los sectores derechistas de los partidos tradicionales, de la mayoría de los empresarios, en particular ganaderos y latifundistas, de la cúpula militar y de la Embajada de los Estados Unidos, desde Octubre de 2001 Pastrana había tomado la decisión de acabar con el proceso de paz con las FARC-EP. Con éste en crisis, y sin resultados concretos, las partes habrían tenido que entrar a discutir los temas políticos y sociales de fondo. En cambio, hubo un período de inercia desde Octubre de 2001 hasta Febrero de 2002. Durante tres años y medio la mesa se ocupó de asuntos coyunturales propios de la agudeza del conflicto y los aspectos de forma, aunque nunca fue abordada la “Agenda Común”, que ambas partes habían adoptado, en Mayo de 1999. Sin duda, el avance más importante y trascendental del proceso de paz.

Precisamente fue lo que concluyó el Informe de la Comisión de Notables. Reconoció sin dilaciones el carácter político y social del conflicto y recomendó que la “Agenda Común” debía ser la base de la negociación para llegar a unos acuerdos concretos o a un “Tratado de paz”, necesarios de ser refrendados por una Asamblea Nacional Constituyente, antes de la cual la guerrilla debía deponer las armas. Para la Comisión ésta y no otra era la razón de ser del proceso de negociación.

En este contexto, el informe planteó que para crear el mejor ambiente para que las partes, con presencia de los distintos sectores de la sociedad colombiana, pudieran adelantar el proceso de negociación de los temas de fondo, debía pactarse una tregua bilateral de seis meses, prorrogable por decisión de las partes, y asumir compromisos bilaterales de respetar los derechos humanos y aceptar el derecho internacional humanitario. Lo anterior con la finalidad de disminuir la intensidad del conflicto. Respecto de los paramilitares se recomendó cortar de raíz toda relación y protección de agentes del Estado con ellos y adoptar una política para su sometimiento a la justicia, en el entendido que no pueden tener ningún rango o reconocimiento político.

El Informe de los Notables fue dirigido al proceso de paz con las FARC, aunque el ELN se interesó por él. El informe de los Notables fue muy bien recibido por las partes y los distintos sectores del país, entre otros el Congreso de la República, el Partido Liberal, los partidos de izquierda, las centrales obreras, los empresarios y principales gremios de la producción, la Iglesia Católica y el cuerpo diplomático. Aunque las partes lo recibieron bien y acordaron adoptarlo como “carta de navegación” en el Acuerdo de San Francisco de La Sombra, el informe llegó en el momento de la peor crisis y de la mayor ofensiva de los enemigos de la paz en Colombia para liquidar cualquier proceso de solución política. Pero fracasaron ambos procesos por la ruptura unilateral, en ambos casos, del presidente Pastrana.

En el corto plazo, en el gobierno de Uribe Vélez, es difícil prever que se puedan reconstruir los procesos de paz. En la línea oficial, orientada desde Washington, se impone el guerrerismo y la negativa inclusive para un acuerdo humanitario sobre el tema de los secuestros y las retenciones.

El Informe de la Comisión de Notables puede ser útil en futuros esfuerzos para lograr la paz. El documento mantiene plena vigencia como una especie de carta de navegación para la solución política del conflicto colombiano. Como también la “Agenda Común”, donde están contendidos los temas de fondo que pueden despejar el camino hacia una real apertura democrática en lo político y lo social en Colombia. El Informe reconoce el origen político del conflicto, la bilateralidad de los acuerdos, la disminución de la intensidad de la confrontación armada y la necesidad de las reformas políticas y sociales avanzadas.

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