Alternativas para la paz:

Perspectiva de los empresarios

Rodrigo Gutiérrez - 2004

Las organizaciones empresariales son responsables de la producción y distribución de casi todos los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, y por lo tanto creadoras de riqueza y protagonistas centrales del desarrollo económico, social y cultural de las naciones. Los hombres y mujeres responsables de su dirección y manejo, como lo demuestran variadas experiencias, devienen así, inevitablemente, en actores imprescindibles en la prevención de la violencia y en la solución de los conflictos sociales, económicos y políticos.

Por el prominente papel que les asigna la sociedad, les cabe la ineludible responsabilidad social de velar por la seguridad de las comunidades que sirven, no sólo por imperativos éticos sino por la necesidad de contar con condiciones propicias y estables para adelantar eficazmente sus actividades.

Empresariado y paz

El liderazgo empresarial colombiano es cada vez más consciente del papel que debe cumplir en la búsqueda de la resolución de nuestro conflicto armado y en la consolidación de una paz duradera, como lo demuestra su participación personal, activa y directa, desde 1982, en procesos de diálogo, negociación, desmovilización y reconciliación ocurridos hasta hoy.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es una expresión del compromiso con el país, creada y respaldada por un grupo de destacados y progresistas líderes de importantes empresas. Desde finales de 1999, este centro de pensamiento está contribuyendo a la solución del prolongado conflicto interno que sufre Colombia, generador de deletéreos efectos sobre su institucionalidad política, social y económica.

Sus aportes a las acciones en el frente de la iniciativa de paz del Presidente Pastrana y ahora a las del Presidente Uribe, se nutren del trabajo realizado en las tres áreas generales de actividad de la FIP: 1) ilustrar a la opinión pública, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, sobre las causas y efectos del conflicto y alternativas para su resolución; 2) evaluar críticamente los procesos de diálogo y negociación para informarle al gobierno, a la sociedad civil colombiana y a otros países amigos; 3) hacer propuestas sobre el diseño de proyectos para una etapa luego del acuerdo, y que incluyan rehabilitación de las víctimas, reconstrucción, desarrollo de instituciones, la reintegración de ex combatientes y proyectos que generen ingresos.

Las opiniones de los empresarios

La FIP interpreta y encarna la posición prevaleciente dentro de nuestros empresarios más progresistas y responsables con el país frente al tema de alcanzar la paz. Ellos creen que la opción en la cual hay que insistir, más realista y expedita y menos onerosa en términos de costos humanos y materiales, es la del acuerdo político negociado. Se rechaza el recurso a la violencia como arma política y se condenan las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El empresariado cree en la validez de los principios democráticos que inspiran nuestra institucionalidad y en su eficacia para construir entre todos una sociedad justa, y reconoce que son necesarias reformas institucionales adicionales para lograrlo, algunas de las cuales están ya plasmadas en proyectos de ley y otras en proceso de estudio y preparación. Sólo si se fortalecen las instituciones democráticas se hace viable la gobernabilidad de nuestro país y se asegura la plena e indispensable vigencia de las libertades básicas, de los derechos humanos y del respeto a los principios de equidad y tolerancia que hacen posible la convivencia pacífica.

Estas ideas se difunden y promueven ampliamente, por distintos medios. Particularmente, tiene como objetivo interesar al resto del empresariado nacional, todavía poco consciente de su responsabilidad social en estas materias y de su papel en el logro de la paz.

Perspectivas futuras

Tomará tiempo reiniciar conversaciones de paz con las guerrillas, dados los precedentes del intento anterior. Para ello deben darse algunas condiciones. La primera, un cambio en la correlación de fuerzas y recursos militares entre las partes enfrentadas, a favor del Estado. Este tiene la obligación constitucional de imponer la ley y el orden en todo el territorio y tiene que emplearse a fondo para reprimir la violencia de los grupos ilegales, por todos los medios legítimos a su alcance. Se sabe que aumentan substancialmente las probabilidades de solucionar un conflicto, cuando una de las partes percibe que se encuentra en desventaja militar y que le resulta más conveniente negociar.

Otra condición es que la insurgencia perciba y acepte que no cuenta con el respaldo de la población a la que dice representar, ni con apoyo de aliados externos. Todo un pueblo unido alrededor de una política de Estado, que rechace el recurso a la violencia y el terror como arma política, debería inducir a la insurgencia a negociar. Una tercera condición es la intervención de una tercera parte neutral, sea ella una persona o una entidad con el suficiente ascendiente y estatura moral, inicialmente para acercar a las partes y propiciar contactos a través de canales discretos y luego para una eventual mediación.

Para avanzar en eventuales conversaciones, la definición misma de paz debe ser un punto de partida. La versión maximalista por la que se optó al inicio de las fallidas conversaciones anteriores resultó inconducente, pues apuntó al total y nada realista diseño de un nuevo país. La meta debe ser el final de las hostilidades y la reinserción de los desmovilizados al sistema democrático y a la vida en paz, después de acuerdos que deberían contemplar condiciones de favorabilidad política que permitan a los reinsertados acceder fácilmente a las diversas instancias de representación política y participar en los procesos decisorios democráticos.

Existen otros factores o circunstancias que pueden incidir en el logro de una solución política negociada, más expedita y menos costosa y sangrienta que la incierta solución militar. El Estado tiene la obligación constitucional de mejorar la capacidad de las fuerzas militares para proteger a los civiles y para reprimir la violencia de todos los grupos ilegales, en todo el territorio. Debe continuar la presión internacional, en el actual contexto de cero tolerancia a la violencia y el terror como instrumentos políticos. Urge bloquear las fuentes de financiación de la violencia.

Del lado de las guerrillas son evidentes tanto la incapacidad de las FARC para convertir su poder militar en avances políticos como su fracaso en el intento de pasar de la guerra de guerrillas a la etapa de guerra de movimientos. Se están incrementando las deserciones y hay señales evidentes de fatiga, de desmoralización y de dificultades logísticas dentro de las huestes guerrilleras. Esto puede también inducirlas a negociar.

Ya se iniciaron conversaciones para la desmovilización de las autodefensas, sin un previo e imposible reconocimiento político. El proceso será lento y lleno de escollos, originados en su larga trayectoria de graves violaciones de los derechos humanos y de la ley penal. Lograr su real desarme y reinserción acatando los principios de verdad, justicia y reparación, será un buen paso hacia la paz.

La comunidad empresarial contribuirá eficazmente al logro de la paz apoyando las reformas institucionales requeridas para atacar la exclusión, la pobreza y las desigualdades y para garantizar el respeto a los derechos humanos y la convivencia; ofreciendo soluciones para los problemas propios del posconflicto; y concitando a la sociedad para que haga de la paz el gran propósito nacional.

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